La revolucion cantonal en Sanlucar

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El sexenio revolucionario. El cantonalismo en Sanlucar

La rebelión contra la I República se inició el 12 de julio de en Cartagena -aunque tres días antes había estallado la Revolución del Petróleo de Alcoy por iniciativa de la sección española de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT)- extendiéndose en los días siguientes por las regiones de Valencia, Murcia y Andalucía. En estas zonas se formaron cantones, lo que da el nombre a la rebelión. Sanlúcar ya destacó durante todo el Sexenio por la abultada presencia de la Federación Española de la AIT en la ciudad. De ahí que varios historiadores la denominasen “Barcelona la chica”. En todo los cantones fueron los republicanos disidentes (denominados en aquella época “intransigentes”) los que la comenzaron aunque luego la acabaron liderando los obreros internacionalistas, a excepción de Navarra que la llevaron a cabo los conservadores carlistas. Todos esos cantones republicanos comenzaron bajo el lema-objetivo de alcanzar la República Federal Española con la federación de los cantones. Pues bien, se dio la extraordinaria particularidad de que Sanlúcar fue el único cantón que comenzaran y acabaran los internacionalistas obreros, además bajo el lema-objetivo de la “revolución social”.

De todo ello se derivó que Sanlúcar fuese la que sufrió una de las represiones más duras tras la revolución cantonal, sino la que más. Los obreros internacionalistas (libertarios en su inmensa mayoría, puesto era la tendencia dominante en españa como bien sabes, y como es consabido por todo historiador) también tomaron parte activa en los cantones de Sevilla, Málaga, Granada o Valencia, pero fue el de Sanlúcar, como decía, el único iniciado por los internacionalistas, y el único cuyo horizonte era la revolución social, al contrario de los demás (debido a su menor número de internacionalistas), y que se unieron a la lucha por el federalismo desde abajo heredado de Proudhom y de Pi i Margall

Debido a dichos sucesos la Internacional fue declarada ilegal, y por consiguiente sus secciones y la FRE. Tal y como reconoce Narciso Climent, conservador y católico (sacerdote), catedrático en Historia: “Pese a su derrota final, Sanlúcar se irguió como un faro para los anarquistas gaditanos, como la Comuna de París se convirtió para todos los socialistas europeos en un símbolo de lo que podía ser una comunidad revolucionaria. La imagen del gobierno colectivo de las masas sobre sí misma fue algo que ni siquiera la represión y el terror gubernamental pudieron borrar.” (Historia social de Sanlúcar, Narciso Climent  )
Como señaló Gloria Espigado Tocino (Doctora en Historia, imparte la docencia en la Universidad de Cádiz, donde dirige la revista Trocadero, revista de Historia Moderna y Contemporánea), no existe ninguna duda de la intervención de los internacionalistas libertarios en el origen y dirección del cantón sanluqueño. Así lo recogió las Actas de los Consejos y Comisión Federal de la Región española: “Nuestros hermanos internacionalistas libertarios de Sanlúcar han sido vilmente atropellados y vejados en sus derechos por haber destituido un ayuntamiento que tan descaradamente había hollado el sagrado derecho de asociación. El pueblo ha sido ocupado por una columna del ejército que destituyó al ayuntamiento obrero, después de perseguir y encarcelar a gran número de compañeros por el sólo delito de ser internacionalistas libertarios”

La represión fue encomendada a dos generales monárquicos conservadores: Pavía (sur) y Martínez Campos (levante). Resulta paradójico, nuevamente, que la legalidad republicana del Gobierno central fuera restablecida por generales monárquicos, al igual que ocurriría después en la Asturias del 34 con la II República y Franco…
( Gloria Espigado Tocino, del texto “La sociedad sanluqueña en el sexenio revolucionario:
La institución eclesiástica local”) , así como lo de las actas de la fre: “Cfr. II de agosto de 1873. A.I.T. Actas de los Consejos y Comisión Federal de la Región española (1870-1874). 2 volúmenes. Publicaciones de la Cátedra de Historia General de España. Universidad de Barcelona, 1969, volumen 2, p.99.”

También apunta Narciso que :”El proceso sanluqueño fue estudiado con profundidad por la profesora de la Universidad de California, Temma Kaplan. Afirmó la profesora que era de lamentar que los anarquistas de Sanlúcar de Barrameda no hubiesen escrito ningún relato por sí mismos. El historiador de aquellos sucesos, por tanto, se habría de conformar con noticias periodísticas de aquel momento y con algunos relatos de burgueses ultrajados después del terror. Desconocía, al parecer, Temma que las desaparecidas actas capitulares de aquellos días caerían en manos de  Manuel Barbadillo, quien, con ellas, elaboraría su obra Crequi el tamborilero). Esta obra, aunque narrativa, sirvió a Manuel Barbadillo para incrustar en ellas, como si de unas nuevas jarchas se tratase, el contenido literal de aquellas actas. Además de ello, tampoco debió conocer  Temma las cartas “confidenciales” que, sobre el asunto, enviaron al arzobispado de Sevilla el arcipreste Rubio Contreras y el sacerdote que dejó en su lugar en la ciudad, al huir disfrazado de la misma en dirección al palacio arzobispal de Sevilla.”

Al movimiento cantonal, -preconizado, como en otros lugares más, en Cartagena y en Cádiz-, se unieron prestamente muchos pueblos de la provincia gaditana, como Alcalá de los Gazules, Benaocaz, Chiclana, Conil, Espera,La Línea de la Concepción, Paterna, Puerto Real, San Fernando, San Roque,Vejer de la Frontera, Villaluenga del Rosario y Sanlúcar de Barrameda. En
estos pueblos, los Ayuntamientos, apoyados por importantes sectores del pue-blo, siguieron los ejemplos apuntados. Incluso de aquellos pueblos donde el movimiento cantonal había arraigado más fuertemente salieron partidas de voluntarios cantonalistas para imponer el cantonalismo en otros pueblos, tal aconteció con El Puerto de Santa María, en donde loscantonalistas sanluqueños tuvieron fuertes enfrentamientos ante la resistencia portuense. La duración del movimiento cantonal fue efímera. Los cantones fueron disueltos por
las fuerzas militares del general Pavía, quien el 4 de agosto de 1873 entrabacon sus tropas en la ciudad de Cádiz, tras ello la radicalidad revolucionaria iríadesapareciendo de la oficialidad. Otra cosa sería la permanencia de la lección
aprendida y la espera de la llegada de otros tiempos.
Principio y fin del cantonalismo sanluqueño
La situación nacional y provincial se vivió intensamente en una ciu-
dad tan hostigada por la miseria como era Sanlúcar de Barrameda. Hubo desórdenes públicos al conocerse la abdicación de Amadeo de Saboya y laimplantación de la Primera República. Según Gloria Espigado Tocino: “[…]
en la noche del 12 al 13 de febrero de 1873, la muchedumbre asaltó el Ayuntamiento produciendo destrozos y condenando a la pira, entre otros objetos simbólicos del poder anterior, las marcas de los quintos, a la vez que incendiaba los fielatos destinados al cobro de los impuestos indirectos más odiados, los consumos, supresión varias veces escamoteada por los gobiernos del
Sexenio”279. El ayuntamiento que presidía José María Hontoria es destituido. Un Comité Revolucionario se hace cargo del gobierno de la ciudad. La policía es encarcelada y los registros notariales destruidos.

El 16 de febrero se constituye el Ayuntamiento republicano, presidido por el médico Antonio González Peña, y se organiza la Guardia Municipal Republicada, nombrándose a Eduardo Franco jefe de una fuerza constituida por un cabo 1º, un cabo 2º, un corneta, seis guardas de campo (uno de los de a pie era Antonio Cuevas Badillo), tres guardas de La Algaida, y 30
guardias, uno de los cuales sería Antonio Cuevas Jurado. El nuevo Ayuntamiento, de inmediato, solicita al gobernador civil 1.000 armas de combate y
un regalito destinado “a las fuerzas del ejército que se encuentran en esta” (siete reales para cada sargento; 6, para cada cabo; y 5 para cada soldado -que la jerarquía es la jerarquía-).
El clima político de la ciudad se irá progresivamente enrareciendo
hasta enconarse de una manera irreversible. Son tiempos de ataques y contraataques entre las instituciones y grupos de la ciudad, de proclamas y con traproclamas, de incesantes peticiones, alcanzables unas, utópicas e irrealizables otras. El alcalde Antonio González Peña, hombre de indudable buena
voluntad y entrega, hasta terminar enfermo de estómago ante tanto problema enconado, por lo que intentaría en reiteradas ocasiones dimitir del cargo, hace
público un manifiesto con fecha de 10 de marzo de 1873. En él, partiendo de su reconocimiento de ser compañero de los obreros de la ciudad, pues aunque médico, se consideraba un trabajador como ellos, manifiesta, a las claras,
que pretendía sacar a los obreros de algunos de sus errores. Les afirmó que,
si desapareciera el capital, desaparecería con él el trabajo, por lo que no debían
pretender que los gastos por el laboreo de las viñas no excediesen del de los
ingresos, porque, de darse eso, se abandonaría el trabajo en las viñas. Se corría, pues, el peligro de que pudiera desaparecer el capital, pero, con él,
desaparecería también el trabajo. Los dos morirían al mismo tiempo. De todo ello, dedujo que el capital y el trabajo tenían que marchar unidos y de acuerdo, pues no podría existir el uno sin el otro. A continuación, el señor González Peña manifestó a los obreros que, desde que el mundo era mundo, había
habido, y tenía que haber pobres y ricos, por lo que los unos no debían perjudicar a los otros, dado que era sumamente importante que existiese buena relación entre ellos, haciéndose, eso sí, mutuas concesiones. Terminó pidiendo que reflexionasen para que desaparecieran de ellos las exageraciones y extremismos. Con el clima social e ideológico existente, era presumible que el manifiesto del médico-alcalde iba a caer como una bomba entre los obreros, y que provocaría prestamente enfrentamientos y rupturas.
Había pertenecido a la Junta Revolucionaria interina que se constituyó en la ciudad.

Para colmo, da la cara un nuevo problema, originado este por los
padres escolapios, quienes, en unión de sus colegiales, habían prorrumpido gritos de vivas a Carlos VII. Carlismo en pleno momento republicano. Con la
indignación que imaginarse pueda, el edil y periodista del periódico Sanlúcar, propuso en el Pleno del Ayuntamiento la adopción de algunas medidas
como estas:incautación de los bienes de la Fundación de Francisco de Paula Rodríguez (incluido el Colegio de los Escolapios), derribo de los conventos de Regina Coeli y de Madre de Dios por su mal estado, que todas las iglesias de la ciudad (excepción hecha de la parroquial) se dedicasen a escuelas,
clubes, y cuarteles de los Voluntarios de la República, e incautación del cementerio.
Las propuestas efectuadas vinieron a poner a las claras la división
existente entre los integrantes del Ayuntamiento. La propuesta del señor Eduardo Gutiérrez se dejó pendiente para un Cabildo extraordinario, que no se celebró en la fecha prevista por falta de quórum. Aun así, se presentó una proposición firmada por los ediles Marcelino Gómez, Antonio Vergara y Antonio Bueno, quienes, aduciendo que en la Constitución se decretaba que ningún español podía ser obligado a cambiar de domicilio, ni des-
provisto de sus bienes, ni privado del derecho de asociarse para todos los
fines de la vida humana (no contrarios a la moral pública), ni impedido en
la práctica del culto público y privado de toda religión, y que, de aprobarse la proposición del señor Gutiérrez, todos estos derechos serían lesionados, máxime cuando entraban en ámbitos que no eran de la competencia
del Ayuntamiento y sí del Poder Legislativo, pidieron a la Corporación que
ni siquiera se deliberase sobre la mencionada propuesta. Tras el debate, los
concejales votaron sobre esta última proposición, siendo aprobada por 10 votos contra 7284.
El 9 de junio le estalló otro conflicto en las mismas manos al alcalde González Peña. 9 de la noche. Reunión extraordinaria del Cabildo municipal. Se da a conocer una petición presentada por los obreros del campo, ante
la negativa de los propietarios de fincas rústicas de darles trabajo en ellas, por
la que exigían que el Ayuntamiento, en evitación de mayores males, adoptase to no tenía ni trabajo ni socorro que darles, pero, eso sí, estaba decidido a sostener el orden público, y a hacer respetar el ejercicio de las libertades individuales. Todo lo acordado se dio a conocer en un Bando y se puso en conocimiento, entendiendo que la situación era muy grave, del gobernador civil de
la provincia, considerando que, ante previsibles conflictos de orden público,la autoridad municipal carecía de efectivos de seguridad suficientes para garantizar el orden. Complementariamente, se informó al Juzgado de 1ª Instancia  de los abusos que se venían cometiendo en la Asociación de Obreros de la ciudad. El 11 de junio el juez de 1ª Instancia, Tomás Solanich Fuster se personó en el local de la Asociación de Obreros, acompañado de una pareja de
guardias rurales, ordenó el desalojo del mismo, precintó sus puertas, recogió
las llaves y se dirigió a su casa.
El 11 de junio la Federación Local de Sanlúcar de Barrameda, en
nombre de todos los trabajadores del mundo civilizado, hizo público un colérico manifiesto por el cierre del referido local. Tildó al Congreso de la nación de burgués, y afirmó categóricamente que el Ayuntamiento había atropellado las mismas leyes emanadas de tal Congreso, del que evidentemente se
distanciaban aún más ideológicamente. Denunció el manifiesto que les habían atacado con la fuerza bruta, cuando los fines de su Federación no eran otros
que los de tratar asuntos relacionados con el trabajo y la organización de los
trabajadores, mientras que el Ayuntamiento burgués de la ciudad no tenía, por el contrario, otros que los de explotar a la clase obrera, para así adjudicársela al mejor postor. Terminó con una amenaza sin ningún tipo de tapujos: el Ayuntamiento, representante de la burguesía sanluqueña, había cometido un acto
ilegal y violento, por tanto quedaba declarada la guerra entre pobres y ricos,
señores y esclavos, oprimidos y opresores. Por todo ello, llamó a los obreros de la ciudad para que se agrupasen, se organizasen, templasen armas y se preparasen para la inminente lucha. Esto aconteciendo, al parecer en secreto,
Antonio Cuevas Jurado se entrevistó de noche con el juez, para exponerle los puntos de vista de los obreros. Surgió entre ellos una amistad leal y recíproca que, llegado el momento, sería la causa por la que la inminente revolución, ya en manos del propio Cuevas, no estallaría de manera irremediable, ni
acabaría desembocando en venganzas fratricidas, ni robos, ni ningún tipo de crímenes.

La firma de Antonio Cuevas Jurado aparecía, junto con las de otros catorce compañeros, en un manifiesto de 14 de junio, elaborado en nombre de la Federación Local de la A.I.T (Asociación Internacional de Trabajadores),
y dirigido a todos los trabajadores de la ciudad. Duro manifiesto contra el que
anteriormente había publicado el alcalde González Peña. En él, rebatieron uno
a uno, y con dureza, los “consejos” que el alcalde había enviado a los obreros de la ciudad. Tildaron al alcalde González Peña de capitalista, pues, habiendo
adquirido él algún capital, se podía permitir vivir sin trabajar. Atacado en su persona, se entró de lleno en el ataque a su ideología, afirmándole, entre otras
cosas, lo que sigue: que él no era sino el representante del poder autoritario; que, cuando llegase la anarquía, supiese que no habría ni alcaldes de barrios;
que tuviese en cuenta que los obreros amaban la propiedad, pero la colectiva; que no perdiese de vista que los trabajadores habían declarado la guerra a los
monopolizadores del capital; que si arriesgaban en algo los propietarios, más lo hacían los obreros con 10 a 15 horas de trabajo diarias; que la propiedad privada no era más que un robo legalizado; que sólo sería posible la concordia
entre el trabajo y el capital cuando éste fuese propiedad de las colectividades obreras; que habría pobres y ricos mientras que los pobres no descubriesen que
los ricos vivían de los trabajos y explotación de los pobres; que cuando estuviese todo en manos de las colectividades obreras sería tan sólo necesario trabajar de 4 a 5 horas, quedando tiempo para instruirse… Terminaba el manifiesto con una llamada a los trabajadores para que se uniesen, potenciando así el
triunfo de la anarquía y del colectivismo, y consiguiendo la desaparición de
todas las tiranías (religiosas, políticas y económicas), para, sobre sus ruinas, establecer un mundo nuevo de productores libres.
Poco a poco, Antonio Cuevas Jurado se iba haciendo, de manera
pública, con el control del Comité Republicano Federal Social, si se tiene en cuenta los puestos que en él va desempeñando. En manifiesto de 26 de junio
de 1873, al tomar posesión de este comité como presidente del mismo, aparecen Juan Millán, como secretario; seis vocales; y Antonio Cuevas Jurado,
como presidente. El comité había sido elegido por sus correligionarios por sufragio, y se consideraba en el deber de dar a conocer la conducta que iba a
seguir en el espinoso cargo que comenzaba a desempeñar. Se manifestaron los miembros del comité conscientes de su poca ilustración, como consecuencia
de su humilde condición, pero firmes en la creencia profunda de que la causa republicana había de existir aliada al socialismo moderno. Proclamaba que era más urgente que nunca que, para que triunfasen las ideas salvadoras por él
profesadas, resultaba necesaria la unión de todos bajo la sacrosanta bandera
de la República Federal Social, desde el más ardiente internacional hasta el
más templado republicano.
Efectuada la declaración ideológica, se adentraron en el que podíamos denominar su programa de actuación: el lema: Libertad, Igualdad, Fraternidad, Verdad, Justicia y Moral. Los objetivos: combatir a los protagonistas del oscurantismo, el baldón y la vergüenza del siglo; armar y alistar a todos los Voluntarios de la República; dedicar dos Compañías a combatir a quienes incendiaban, mataban y robaban con el nombre de un Dios de paz;
apoyar incondicionalmente a un Ayuntamiento que fuese republicano-federal-social; no votar en las próximas elecciones a ningún individuo que no
compartiese estas ideas. Los proyectos que apoyarían en las elecciones serían:
conceder al obrero una ancha base para que percibiese el producto íntegro de
su trabajo, establecer un jurado que entendiese de los litigios entre obreros y capitalistas, crear tantas escuelas de adultos como edificios inútiles había en la ciudad, crear bancos agrícolas para acabar con el negocio de los usureros, descentralizar el Gobierno, secularizar el cementerio, pues la separación Iglesia-Estado era ya un hecho incuestionable. Finalizó el manifiesto haciendo una llamada a la clase obrera para que no abandonase al Comité Republi-
cano Federal Social, porque la forma de gobierno que podía garantizar los
derechos de los trabajadores se encontraba en peligro, sometida a la acción
del fanatismo, a la de quienes se autodenominaban gente de orden, a la de los
hipócritas, a la de los mismos republicanos ambiciosos, quienes, por no
haber pescado un buen pedazo de turrón, capaces eran de demoler los
cimientos mismos de la República.
El ambiente estaba preparado para un golpe revolucionario. Y vino la
cantonal. Se abre una etapa sin par en la historia de la ciudad de Sanlúcar de
Barrameda, que va a durar del 28 de junio de 1873 al 3 de agosto del mismo
año. El 29 de junio la Junta Revolucionaria interina da a conocer a la ciu-
dadanía sus acuerdo de arranque: desaparición inmediata del cabildo ecle-
siástico, que las mazas de plata del mencionado cabildo se sacasen a subasta,
instalación de tres escuelas de adultos (en la Iglesia de San Miguel, en la Igle-
sia de los Desamparados, y en la Iglesia de San Nicolás), prohibición del viá-
tico público por las calles, refundición de los tres conventos de monjas de clausura en uno solo en el de Regina Coeli, los Conventos de las Descalzas y
Madre de Dios quedaba para el servicio público que se desease, mirar com-
pasivamente la precaria situación de las clases trabajadoras, dar un socorro a
los trabajadores a las 7 de la mañana con los fondos del Municipio.
Al día siguiente, 30 de junio, se constituye el nuevo Ayuntamiento,
siendo alcalde presidente del mismo Antonio Cuevas Jurado. Sala Capitular,
6 de la tarde. Presiden los diputados provinciales Pedro Bohórquez y el san-
luqueño Eduardo Gutiérrez Enríquez, delegados del gobernador civil y con
plenos poderes para conocer, de primera mano, qué estaba sucediendo en la
ciudad. Esperaron algún tiempo a los miembros del Ayuntamiento que se
encontraban legalmente en el ejercicio de su mandato de gobierno. No se pre-
sentó nadie. En vista de las circunstancias, procedieron a designar a aquellos
ciudadanos que pudiesen garantizar la salida de la situación conflictiva que
reinaba en la ciudad. Fueron designados los nuevos concejales que se harían
cargo del Ayuntamiento hasta la celebración de las próximas elecciones muni-
cipales previstas para el 12 de julio. Vaya por delante que los dos delegados
del Gobierno Civil tenían como denominador común un carácter intransigen-
te y autoritario. Bohórquez ya lo había demostrado en el Comité Cantonal
gaditano, y Gutiérrez Enríquez en su presencia, como concejal, en el primer
Ayuntamiento republicano de la ciudad sanluqueña, siendo, según se recogen
en las actas capitulares, quien más intransigente se mostró, como quedó ya
expresado, contra la iglesia católica local. Gutiérrez Enríquez había renuncia-
do a la concejalía al haber sido designado diputado provincial por la circuns-
cripción sanluqueña. Ambos envían a los por ellos designados el siguiente ofi-
cio, recogido por el historiador Pedro Barbadillo
“Delegación del Gobierno de la provincia.- En virtud de las
facultades que me confiere el ciudadano Gobernador Civil de la provincia, he venido en nombrar a Vd. Concejal interino del Ayuntamiento de esta ciudad, esperando de su patrio-
tismo se sirva admitir el cargo que le confiero, prestando así
un servicio de la mayor importancia.- Salud y República.-
Sanlúcar, 30 de Junio de 1873.- Pedro Bohórquez y Eduardo
Gutiérrez”.
Fueron nombrados interinamente Manuel Galán, Antonio Vázquez,
Antonio Galán, Manuel Muñoz, Miguel Cervantes, José Galán, Antonio
Rodríguez, Antonio Morales, Alfonso García, Francisco Carrero, Isidro Capa-
rro, José Delgado, Manuel Zafra y Manuel Ávila, como concejales; Jacinto
Domínguez, Juan Millán, Manuel Pedrote, José Enríquez, y José Muñiz,
como tenientes de alcalde; y Antonio Cuevas Jurado, como alcalde interino,
siendo elegido este último por votación entre los concejales, por 19 votos a
favor y uno que votó a Jacinto Domínguez. Antonio Cuevas Jurado está ya al
frente del Ayuntamiento sanluqueño. El 1 de julio el alcalde, en nombre del
Ayuntamiento todo, dio a conocer a la ciudad un manifiesto en el que comunicaba que, en momentos tan críticos, habían aceptado ocupar los cargos
municipales, cargos que expresaron no merecer y que quizás no los podrían
cumplir debidamente. Pusieron a disposición del pueblo su honradez y probi-
dad, con las que esperaban contar con el apoyo de todas las clases sociales de
la población, para que existiese tranquilidad pública, y se atrajese a los vera-
neantes que siempre tuvo la ciudad.
Como era de esperar, el nuevo Ayuntamiento sufrió una invasión de
peticiones de todos los tipos. Recurro a don Manuel Barbadillo: que se efectuase las incautaciones del Castillo de Santiago y del Convento de las Des-
calzas; que la milicia ocupase todos los puestos importantes; que se presenta-
sen los títulos de propiedad de las fincas de Antonio de Orleáns, y “del mal llamado Duque de Medina Sidonia”, particularmente las del Coto, la de los
dos palacios y las de las tierras del Palmar; que a todo propietario que en tres
días no se presentase en Sanlúcar de Barrameda se le confiscasen sus bienes,
pues dicha actitud se había de considerar como enemiga de la revolución; que se prohibiese trabajar en las panaderías a los gallegos, pues, siendo casi todos
solteros, quitaban los puestos de trabajo a padres de familia sanluqueños.
A las peticiones de sectores de la ciudadanía o de particulares, siguió otra serie de peticiones presentadas en las sesiones capitulares, y acordadas
por el Ayuntamiento, de indiscutible matiz clerófobo: solicitud de que el maestro de obras del Municipio de la ciudad demoliese el Convento de Madre de Dios; nombramiento de una comisión que seleccionase un claustro de profesores para impartir en los escolapios las disciplinas académicas correspondientes a la Segunda Enseñanza; incautación de los inmuebles de las Iglesias
de San Nicolás, Santa Brígida, Trinidad, Desamparados, Ermita de Las Cuevas, Capuchinos, San Diego y el cementerio; incautación de los bienes correspondientes a la “Fundación de Francisco de Paula Rodríguez”, de la que se
abastecía el Colegio de Padres Escolapios; solicitud de un empréstito de
25.000 duros para armar a las fuerzas ciudadanas y, además, para poder pagar
el gasto ocasionado por el derribo previsto de los conventos. Se llegó a pedir
incluso la incautación de la iglesia mayor parroquial, para derribar la torre por
su estado de ruina y por el peligro que implicaba para la integridad de los tran-
seúntes. No obstante, como una cosa es sembrar y otra, bien distinta, es recoger trigo, las dificultades y la realidad comenzaron a producir las primeras
deserciones dentro del Cabildo. El secretario, José Carrillo Paz, y los con-
cejales José Enríquez Chico y Antonio Morales renunciaron a sus cargos. No
desaparecieron, por otra parte, los desórdenes públicos. Muchos sanluqueños
“ponían tierra de por medio” ante una situación que cada vez les gustaba
menos, marchándose a los campos de las proximidades, al Coto de Doñana, y
hasta a los barcos de pesca.
Las iglesias fueron desprovistas de sus imágenes, que quedaron con-
fiscadas en el Castillo de Santiago; y la comisión de guerra efectuaba visitas domiciliarias para invitar a los vecinos a que aportasen para el empréstito de
25.000 duros, anteriormente ya indicado. No se permitía la entrada en las igle-
sias incautadas nada más que a los concejales. No se permitió que se ejecuta-
se la petición, efectuada por una comisión de unos cuarenta ciudadanos, de
que se comprobasen los inventarios de los bienes incautados a las iglesias. El
Colegio de los Escolapios fue asaltado, quedando todo deshecho; los altares
fueron desmantelados, los cajones de la sacristía desvalijados, las alacenas
rapiñadas. El 6 de julio el Ayuntamiento se manifestó sobre estos sucesos.
Dijo el alcalde que la reacción del pueblo de Sanlúcar había estado motivada
por que no se daba una solución definitiva al tema de la incautación de los
bienes de Francisco de Paula Rodríguez, dado que este había legado sus bienes
para la fundación de un Instituto de Segunda Enseñanza para la juventud san-
luqueña, mientras que los curas, patronos de aquel Patronato, los habían dedi-
cado a un Seminario de Escolapios, y además, porque estos padres escolapios,
en vez de dedicarse a la educación, lo que hacían era atentar contra el orden
de cosas establecido, pues prestaban ayuda, hasta económica, al Partido Car-
lista. Informó, además, de que las autoridades de la Junta Revolucionaria
habían librado del tumulto a los padres escolapios y los habían trasladado a
casas de particulares, desconociendo dónde se encontraban en aquel momen-
to. Que, tras los tumultos, el establecimiento había quedado guardado por
algunas fuerzas del pueblo y criados del mismo. Por todo ello, se acordó urgir
al gobernador civil de la provincia para que se diese inmediata solución al
tema del edificio de los escolapios.
En el cabildo del 6 de julio (quedaba menos de un mes para la ter-
minación de esta situación) el alcalde Cuevas Jurado presentó una moción.
Comunicó que, pasada ya la situación crítica vivida por la ciudad, y estando
ya la Corporación en situación legal, se debía comunicar a la Diputación y al
gobernador de la provincia que el Municipio funcionaba ya dentro de la lega-
lidad, y que el mismo ofrecía su total apoyo al Gobierno de la Nación y a las
autoridades constituidas. Es verdad que se dio orden de suspender los derri-
bos. Es verdad que a los trabajadores se les puso a reparar las calles de la ciu-
dad (que sí que habían quedado en un lamentable estado de verdadera ruina,
después del paso de Atila y de los hunos), a tenor del presupuesto de arreglo
tan sólo de casi toda la población (la suma alzadísima de unos 70.000 a 80.000
duros). Es verdad que el alcalde dio orden de que se le devolviese al vicario
las iglesias y conventos que no estaban declarados ruinosos y vigilados por los
Voluntarios de la República. Pero, también lo es que se siguieron adquiriendo armas, según contrato de 7 de julio que firmó Antonio Cuevas Jurado en
Cádiz con el capitán del ejército inglés Albert Gybbon Ypillsbury, para adqui-
rir mil carabinas nuevas con sables bayonetas para los Voluntarios de la República de la ciudad, así como 50.000 cartuchos para las referidas carabinas, a
entregar todo en la bahía de Cádiz en el término de 48 días. Se estipuló el precio de cada carabina en cincuenta pesetas. El crédito total de las 56.000 pesetas se comprometió el Ayuntamiento a abonarlo en el plazo de quince días.
Dicho crédito se abrió a favor del capitán Gybbon en la Casa de Banca de Mr.
Ed-Nagelmackers Fhuller, en Lieja. En dicho crédito obligaba el Ayunta-
miento de la ciudad todos los bienes y rentas municipales.
En la madrugada del 15 de julio, y previsiblemente protagonizada por
el sector anarquista de la Internacional, según Gloria Espigado Tocino, se
produce un golpe de fuerza, quizás originado por la moderación con la que el
Ayuntamiento, presidido por Antonio Cuevas Jurado, se venía comportando,
especialmente en asuntos referentes al terreno social. La insurrección no pros-
peró. Sus autores e instigadores quedaron en el anonimato. Los hechos pro-
vienen de la prensa gaditana: “[…] es evidente que el grupo más intransigen-
te del partido internacionalista que impera en Sanlúcar tiene el propósito de
destruir al que se encuentra posesionado del Ayuntamiento. Lo hecho hasta el
día no satisface sus deseos; lo que se quiere es la liquidación social; muerte
y exterminio de determinados capitalistas”
El 19 de julio brota la verdadera cantonal. Nace en Cádiz, teniendo
como ideólogo y propulsor a Fermín Salvochea Álvarez (1842-1907), “pro-
tagonista indiscutible de los principales acontecimientos insurreccionales
andaluces, figura mítica y legendaria ante el proletariado andaluz, cuyo
comportamiento de dignidad y abnegación ha suscitado siempre un gran
respeto y simpatía”. Nace, como quedó indicado, con la intención de con-
trarrestar, desde las provincias, el centralismo del poder de las organizacio-
nes políticas, sirviendo de lazo de unión de todos los cantones constituidos
en cada uno de los pueblos de la provincia. Varias provincias proclaman su
independencia. Nombran un Comité de Salud Pública, que habría de velar
por la puridad de las doctrinas republicanas federales para, de esta manera,
salvar a la República. El escenario vuelve a estar preparado para que una  sanluqueña: que se incautasen los bienes de Francisco de Paula Rodríguez,
que se deslindasen los terrenos pertenecientes al pueblo, que se incautasen
todas las iglesias (subastándose todos sus enseres) y fincas pertenecientes al
pueblo vendiéndolas en lotes que estuviesen al alcance de todos, que se ven-
diesen de inmediato las mazas de plata y demás utensilios que pertenecieron
al cabildo eclesiástico, que se entregase el Pósito para reuniones del Ateneo
de la Clase Obrera, que no se sostuviera ni se diese apoyo a ninguna religión,
que se obligase a los propietarios de las parejas a una reunión en el Castillo
de Santiago con los marineros…
Así las cosas, el Comité de Salud Pública sanluqueño se prepara para
la defensa. Ordena el 22 de julio que se recoja toda clase de municiones para
ponerlas a disposición de los voluntarios. El malestar y el miedo se van
haciendo insostenibles. Se volvió a “coger las de Villa Diego”. Muchos san-
luqueños buscaron cobijo en lugares más seguros. Una minoría supo dar la
cara en momentos difíciles, e incluso exponer lo que pensaba de aquella peli-
grosa vorágine que se estaba descontrolando en la ciudad, como hizo el Her-
mano Mayor de la Santa Caridad y vocal nato de la Comisión de Gobierno del
Hospital, Juan Martínez Gutiérrez, el 23 de julio, en cartas enviadas al alcal-
de Cuevas. Vuelven las dimisiones. Dimite el secretario del Ayuntamiento
popular, dimite el oficial de la secretaría… Las masas populares comienzan a
manifestar síntomas de decaimiento y cansancio.
Llegó el final de la cantonal. Las tropas venidas de fuera se hicieron
con la ciudad, “se derrumbó el cantón antes de que se empleara la fuerza con-
tra ellos”. Es nombrado un nuevo Ayuntamiento, designado por el brigadier
José Soria Santa Cruz, jefe del ejército que disolvió el Comité de Salud Públi-
ca de la ciudad. El nuevo Ayuntamiento fue presidido, como alcalde, por Joa-
quín Leonar Trapero. Se tomaron las primeras medidas: recogida imperio-
sa de las armas blancas y de fuego, organización de la Guardia Municipal, apertura de un nuevo alistamiento de Voluntarios de la República, devolución
al clero de todas las iglesias y del Colegio de los Escolapios, devolución de los
tres conventos de monjas de clausura (incluido el de Madre de Dios, que esta-
ba completamente destruido). Otras se dieron a conocer a través de Bandos,
como las siguientes: advertencias de imposición de multas a quienes corriesen
por las calles con caballos o carruajes, a los pobres que pidiesen limosnas
media hora después del toque de oración, a los borriqueros que no depositasen
los escombros en los lugares indicados (Mazacote de la Almona, El Palmar, o
La Dehesilla), a quienes promoviesen o interviniesen en las cencerradas, a
quienes disparasen dentro de la población armas de fuego, cohetes o petardos
e, incluso, a quienes se bañasen faltando a las normas de la decencia.
Entre los encausados y presos, tras la disolución del Ayuntamiento, se
encontraba el alcalde Antonio Cuevas Jurado. Dada la insistencia del alcalde
Leonar sobre la peligrosidad que implicaba, para la seguridad ciudadana, el
amontonamiento de tantos presos, se comenzó a deportar a algunos de ellos.
A Ceuta fueron enviados diez de ellos; otros, a La Carraca; y otros, a Filipi-
nas (algunos morirían en hospitales militares; y otros, en consideración a su
conducta, fueron rehabilitados). Fueron militarmente procesados por los
hechos de la etapa cantonal todos los encausados. Entre ellos estuvo el alcal-
de Cuevas. El 6 de septiembre se envió la relación desde el Gobierno de la
provincia al alcalde de la ciudad sanluqueña, ordenándole que informase al
respecto sobre si la alcaldía consideraba que algunos de ellos eran dignos de
que se sobreseyese su causa. Antonio Cuevas Jurado y otros significativos
miembros del Comité de Salud Pública fueron puestos en libertad bajo fianza
por el juez, lo que, en opinión del alcalde, manifestada al Gobierno Civil de
la Provincia, había causado “malísimo efecto en la población”.
Reinaba, no obstante, gran desazón y malestar en la ciudadanía. La
cárcel y el Castillo de Santiago seguían estando llenos de presos políticos,
cerca de 150 entre hombres y mujeres, y el Ayuntamiento carecía de las
fuerzas suficientes de la Guardia Civil (reducida a treinta hombres) y de
Carabineros, necesarias para sofocar cualquier motín o algarada popular
protagonizada por quienes tenían, entre los encarcelados, a sus familiares o jefes más populares, dado que los escasos policías municipales no habían
podido ser armados. El Juzgado siguió causas contra el más de un centenar
de autores de la insurrección, buscándose a otros que habían huido por los
alrededores de la ciudad. Contra ellos se había dictado auto de prisión. Fue-
ron capturados unos doscientos. Cuatro años después, por gracia expresa de
Alfonso XII (1857-1885) la gran parte de los encausados fue indultada. De
julio a octubre de 1877 fueron llegando los desterrados sanluqueños al puer-
to de Cádiz. Unos, prematuramente envejecidos. Otros, enfermos. La mayo-
ría, con el mordisco de la rebelión en el alma. “Pese a su derrota final, San-
lúcar se irguió como un faro ante los anarquistas gaditanos, como la Comu-
na de París se convirtió para todos los socialistas europeos en un símbolo
de lo que podía ser una comunidad revolucionaria. La imagen del gobierno
colectivo de las masas sobre sí misma fue algo que ni siquiera la represión
y el terror gubernamentales pudieron borrar. El cantonalismo, por otra par-
te, provocaría un periodo de durísima represión contra el movimiento obre-
ro”
El proceso sanluqueño fue estudiado con profundidad por la profeso-
ra de la Universidad de California, Temma Kaplan. Afirmó la profesora que
era de lamentar que los anarquistas de Sanlúcar de Barrameda no hubiesen
escrito ningún relato por sí mismos. El historiador de aquellos sucesos, por
tanto, se habría de conformar con noticias periodísticas de aquel momento y
con algunos relatos de burgueses ultrajados después del terror. Desconocía, al
parecer, doña Temma que las desaparecidas actas capitulares de aquellos días
caerían en manos de don Manuel Barbadillo, quien, con ellas, elaboraría su
obra Crequi el tamborilero. Esta obra, aunque narrativa, sirvió a don Manuel
para incrustar en ellas, como si de unas nuevas jarchas se tratase, el conteni-
do literal de aquellas actas. Además de ello, tampoco debió conocer doña
Temma las cartas “confidenciales” que, sobre el asunto, enviaron al arzobis-
pado de Sevilla el arcipreste Rubio Contreras y el sacerdote que dejó en su
lugar en la ciudad, al huir disfrazado de la misma en dirección al palacio arzo-
bispal de Sevilla. Para Gloria Espigado Tocino, no existe ninguna duda de la
intervención de los internacionalistas en el origen y dirección del cantón san-
luqueño. Así recoge al respecto la presente cita:
[…] nuestros hermanos internacionalistas de Sanlúcar han
sido vilmente atropellados y vejados en sus derechos por
haber destituido un ayuntamiento que tan descaradamente había hollado el sagrado derecho de asociación. El pueblo ha sido ocupado por una columna del ejército que destituyó al
ayuntamiento obrero, después de perseguir y encarcelar a gran número de compañeros por el solo delito de ser internacionalistas […Autor del trabajo  Liberto Fernandez Capdevila

Algunos documentos y bibliografia sobre esa epoca
Actas de la fre: “Cfr. II de agosto de 1873. A.I.T. Actas de los Consejos y Comisión Federal de la Región española (1870-1874). 2 volúmenes. Publicaciones de la Cátedra de Historia General de Espa- ña. Universidad de Barcelona, 1969, volumen 2, p.99.”
Gloria Espigado Tocino. ”La sociedad sanluqueña en el sexenio revolucionario
Tenma Kaplan.  ”Historia de los movimientos sociales en Andalucia.
Clara E Lida. ”La mano negra.
Fernando Pueyes. ”Fermin Salvochea.
Juan Gomez Casas. ”Historia del anarco-sindicalismo.
Diego Caro Cancela. ”El movimiento obrero y la historia de Jerez y su entorno.
Enlace del blog. https://ordenanarquista.wordpress.com/quienes/fermin-salvochea-alcalde-del-canton-de-cadiz/

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